En la lista también aparece un venezolano considerado como testaferro del vicepresidente del área económica, Rafael Ramírez, y que viviendo en el sur de Florida maneja una gigantesca fortuna, dijo una de las fuentes, que habló bajo condición de anonimato.
“En una primera ronda aparecen cerca de unas 30 personas. En la lista final, aparecerían ciento y pico, pero esta primera ronda está centrada en la corrupción, en los represores y en quienes financian los colectivos”, señaló la fuente desde Washington.
La iniciativa, que congelaría las millonarias cuentas de altos personajes del chavismo y de sus testaferros, forma parte de los esfuerzos de legisladores estadounidenses para ayudar a la población venezolana que protesta diariamente en las calles contra el chavismo. Perturbadores videos, fotografías y testimonios dan cuenta de la represión emprendida por el régimen de Nicolás Maduro contra los manifestantes, acciones que han dejado un saldo de 41 muertos, cerca de 700 heridos, decenas de torturados y más de 2,000 detenidos.
El senador republicano por Florida, Marco Rubio, uno de los principales promotores del proyecto de ley en la cámara alta, dijo el jueves en una rueda de prensa realizada en Doral que en el Congreso de Estados Unidos se está conformando un consenso bipartidista que está cada vez más dispuesto a actuar para ayudar a millones de venezolanos que están siendo víctimas de la opresión.
“Cada día hay individuos que están sufriendo a manos del gobierno, a manos de estos colectivos, que realmente son organizaciones paramilitares al estilo cubano que son utilizados para oprimir a un pueblo”, expresó Rubio, quien estuvo acompañado por el otro senador de Florida, el demócrata Bill Nelson.
“Cuando regresemos a Washington en dos semanas, esperamos una audiencia pública de todo el Comité de Relaciones Exteriores para analizar el tema de Venezuela y al que vamos a invitar a figuras de la oposición para que den su testimonio sobre la realidad venezolana”, agregó.
Entre las personas invitadas estará la diputada opositora María Corina Machado, dijo una de las fuentes en Washington.
Los legisladores de Florida, incluyendo a la congresista Ileana Ros-Lehtinen, han estado entre los principales promotores de dos proyectos de ley, introducidos en ambas cámaras del Congreso, que castigarían a altos funcionarios del régimen de Maduro.
En la iniciativa del Senado figura el nombre de José David Cabello como uno de los posibles sancionables.
José David se ha convertido en una influyente pieza en el engranaje del régimen de Caracas que ha ido creciendo a la sombra de su hermano Diosdado, número dos del chavismo y quien ha sido identificado por los documentos del Departamento de Estado filtrados por WikiLeaks como uno de los polos de la corrupción en Venezuela.
José David, quien lleva tiempo desempeñándose como jefe de la agencia de recolección de impuestos de Venezuela, fue designado recientemente como ministro de Industrias, en una decisión de Maduro que fortalece su posición dentro del chavismo.
Otro de los polos de la corrupción identificados por los cables filtrados de WikiLeaks es Rafael Ramírez, quien además de vicepresidente es presidente de la estatal Petróleos de Venezuela y se ha convertido en el hombre que lleva la chequera de la “revolución bolivariana”.
En la lista de nombres que está siendo preparada aparece asimismo el de Diego Salazar Carreño, un primo de Ramírez que según los expertos que están asesorando a los legisladores también se ha convertido en uno de los hombres más ricos de América Latina.
“La fortuna a su nombre ya no puede ser medida en cientos de millones de dólares”, dijo una de las fuentes consultadas.
Salazar tiene propiedades y reside ocasionalmente en Palm Beach, agregó la fuente.
Los legisladores también tienen la mira puesta sobre El Aissami, un temido funcionario chavista que mantiene estrechos vínculos con los colectivos y uno de los dirigentes más cercanos a Teherán y promotores de la presencia del Hezbolah en Venezuela, según las fuentes en Washington.
El nombre de El Aissami aparece en la lista preliminar al igual que el de uno de sus más cercanos colaboradores, Samar López, quien según las fuentes es uno de los testaferros del gobernador de Aragua.
Entre las obligaciones de López está la de financiar directamente los grupos paramilitares que están detrás de gran parte de la violencia contra los manifestantes, dijeron las fuentes.
Y quienes preparan la lista están colocando gran atención en la oficialidad de la Guardia Nacional, y en particular quienes encabezan los distintos Comandos Regionales.
Las fuentes explicaron que las averiguaciones han recaído sobre los comandos regionales que acumulan el mayor número de acusaciones de violaciones de los derechos humanos, incluyendo los de Caracas y Valencia.
Algunos de los generales investigados tienen familiares con propiedades en Estados Unidos, dijeron las fuentes.
Además de los jefes de los comandos, conocidos como COREs en Venezuela, los autores están colocando bajo la lupa al comandante de la Guardia Nacional, el general mayor Justo Noguera y el jefe del Comando de Operaciones, el general Antonio Benavides Torres.
En caso de que el proyecto de ley fuera aprobado, la lista que está siendo preparada en el Senado sería presentada ante el Departamento del Tesoro, entidad que estaría encargada de aplicar las sanciones.
Pero la administración del presidente Barack Obama está actualmente facultada para imponer las sanciones por su propia cuenta, sin tener que esperar a que el Senado apruebe el proyecto de ley, explicó la congresista Ros-Lehtinen desde Miami.
“La mejor ruta es que el presidente, usando los poderes que él ya tiene, imponga estas restricciones. El ya lo ha hecho con Sudan del Sur, con Irán y con Siria y con otros países y no entendemos por qué el caso de Venezuela no merece ese trato”, comentó Ros-Lehtinen.
En caso de que la administración de Obama decida no hacerlo también queda el proyecto de ley en el Senado, capitaneado por Rubio, Nelson, así como por el senador demócrata Bob Menéndez y otros senadores preocupados por las alarmantes imágenes de violencia que emergen de Venezuela.
Si la iniciativa en el Senado se ve obstaculizada por alguna razón, también queda un proyecto de ley similar introducido por Ros-Lehtinen, junto con algunos de los otros congresistas del sur de Florida.
No obstante, la iniciativa en la cámara baja sería más complicada de aprobar que la que está siendo adelantada en la cámara alta, dijo.
